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Por Austin Ruse

NUEVA YORK, 29 de mayo (C-Fam) Una fuente dentro del gobierno federal ha informado a Friday Fax que la Casa Blanca está avanzando en sigilosamente con un cambio normativo que exigirá que las agrupaciones humanitarias benéficas acepten postulantes LGBT a fin de reunir las condiciones para recibir subvenciones del gobierno, incluso aquellas instituciones confesionales que podrían tener objeciones religiosas. 

El cambio normativo está vinculado a un decreto del ejecutivo que el presidente Obama emitió en julio pasado, el cual prohíbe que los contratistas federales tengan prácticas discriminatorias de contratación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Las agrupaciones confesionales ya estaban lidiando con esa disposición.

Las cosas están por ponerse peores de manera exponencial para las agrupaciones confesionales que realizan tareas humanitarias y obtienen no contratos sino subsidios financieros para llevarlas a cabo.

Aunque el decreto presidencial del verano pasado tenía que ver específicamente con el abastecimiento y los contratos federales, no alcanzaba a los beneficiarios de subsidios que superan considerablemente en número a los beneficiarios de contratos.

Sin embargo, la Casa Blanca ha ordenado recientemente a las agencias federales que incluyan la cláusula «orientación sexual e identidad de género» en todos los acuerdos de subsidios. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), ha accedido a realizar esta modificación y se dice que está a semanas de su implementación.

La fuente añadió que las agencias federales están siendo presionadas para realizar este cambio sin un decreto del ejecutivo posterior y que la oficina jurídica del Departamento de Estado ha informado a la Casa Blanca que esto no es un asunto jurídico sino político.

Las consecuencias de esta modificación serían devastadoras para los más necesitados en el caso de que las instituciones benéficas deban poner fin a programas en las regiones más pobres de todo el mundo si ya no reúnen las condiciones para recibir subsidios del gobierno.

Un arma de defensa que les quedaría a las agrupaciones confesionales sería una demanda conforme a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Pero el problema de eso es que sería el beneficiario del subsidio quien tendría que presentarla y llevar a juicio al gobierno. Sería una posibilidad larga y costosa, y el éxito distaría de estar asegurado.

El congresista demócrata Bobby Scott y otros han estado presionado a la Casa Blanca para que elimine completamente la excepción religiosa del decreto presidencial de la época de Johnson que el presidente Obama modificó el verano pasado para incluir a los homosexuales.

Se informó a Friday Fax que algunas agencias federales están indecisas respecto de efectuar el cambio, pero que, debido a la presión de la Casa Blanca, les cuesta decir que no.

Esta modificación es solo la última de una serie de desafíos a la libertad religiosa que apuntan a instituciones benéficas por parte del gobierno de Obama.

En diciembre pasado (en Nochebuena) el gobierno de Obama publicó el anuncio de que las instituciones benéficas que trabajan con niños refugiados que ingresan a los Estados Unidos deben incluir servicios de salud sexual y reproductiva que podrían abarcar la anticoncepción y el aborto.

En julio del año pasado, el decreto presidencial de Obama que prohíbe que los contratistas federales discriminen al emplear a personas que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, no eximía a las organizaciones religiosas. En el momento del anuncio, dos obispos que presiden la conferencia episcopal Católica de los Estados Unidos reprocharon inmediatamente la orden diciendo que era “sin precedentes y extrema, y debería ser combatida.”

Este artículo fue publicado originalmente en C-FAM Friday Fax.

Austin Ruse es presidente de C-FAM (Centro para la Familia y los Derechos Humanos)

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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